El documento impulsado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, cuenta con tres ejes: desarrollo de factores habilitantes; uso y desarrollo de la tecnología; y aspectos de ética y seguridad. Su plan de acción reúne 70 acciones prioritarias y 185 iniciativas con impacto en el ámbito social, económico y en la formación de talentos.
“La inteligencia artificial (IA) es un ámbito de la revolución tecnológica que se ha incorporado a nuestra vida cotidiana”, dice el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Couve. “Esta Política Nacional nos permite promover la construcción de capacidades para su desarrollo y uso responsable y apunta a empoderar a la ciudadanía, a comprender las oportunidades y ventajas que nos brinda, así como los riesgos asociados”, dijo durante la presentación de la iniciativa en octubre del 2021.
El lanzamiento de esta política representa un hito muy relevante para la industria tecnológica chilena, pues tiene entre sus objetivos insertar a Chile en la vanguardia y establecer alianzas de colaboración en todo el mundo. Esto es por ejemplo, impulsando iniciativas que impulsen un ecosistema de investigación y permitan desarrollar inteligencia artificial que cree nuevas capacidades en los sectores productivos, académicos y estatales.
“Este tipo de iniciativas son muy positivas para nuestra industria, pues refuerzan la importancia que tiene la ciencia y la innovación en la creación de riqueza de los países. También nos permitan aunar esfuerzos desde el mundo público, privado y académico hacia objetivos comunes”, dice Waldo Fishwick, subgerente general de Alaya Digital Solutions.
Con la creación de este instrumento, Chile se suma al grupo de países de la región que ya cuentan con políticas similares, como Argentina, Brasil, México y Colombia que presentaron recientemente estrategias para el desarrollo de IA en sus respectivos territorios.
Tres ejes clave de la política nacional
El documento se estructura en función de tres ejes clave: los factores habilitantes, los factores de desarrollo y adopción, y por último, los factores relacionados a la ética, aspectos normativos y efectos socioeconómicos.
El primer lineamiento está relacionado con los elementos que posibilitan la existencia y el despliegue de la IA. Es decir, aquellos componentes sin los cuales el uso y desarrollo de esta tecnología se hace imposible. En este eje, por ejemplo, se incluye, el desarrollo de talentos, infraestructura tecnológica y datos.
El segundo, de desarrollo y adopción, está relacionado con los actores que crean, proveen y demandan sus diferentes aplicaciones y técnicas, como la academia, el Estado, el sector privado y la sociedad civil. En este eje se incluye investigación básica y aplicada, transferencia tecnológica, innovación, emprendimiento, mejoramiento de servicios públicos, desarrollo económico basado en tecnología, entre otros.
Por último, el eje de ética, aspectos normativos y efectos socioeconómicos aborda las discusiones que han surgido a propósito de la interacción entre los humanos y las máquinas y el sistema socio-técnico que configura, entendiendo que algunas de ellas están más avanzadas y otras en un nivel de desarrollo inicial. Aborda la IA y su relación con la protección del consumidor, la privacidad, la propiedad intelectual y la ciberseguridad.
En el documento se destaca que cada eje aborda las oportunidades y brechas en su ámbito e introduce los objetivos y acciones prioritarias que el país debe emprender en un horizonte de tiempo de 10 años para cumplir con el objetivo de esta política en el 2031.
Plan de acción
Durante la presentación del documento, las autoridades dieron a conocer el Plan de acción que acompaña este instrumento. Se destacan: 70 acciones prioritarias y 185 iniciativas con impacto en ámbitos sociales, económicos y en la formación de talentos, contemplando así una inversión pública de 26 mil millones de dólares.
También contempla la focalización de Becas Chile de Doctorado en el extranjero para programas vinculados a IA; iniciativas de colaboración en I+D entre universidades y el sector productivo y la generación de incentivos y acuerdos públicos-privados para la inserción de profesionales con grado de doctor/a en empresas de tecnología, entre otros.